SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LAS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos

Resulta bastante preocupante la situación por la que ha venido atravesando la salud pública en el país durante los últimos años. Sin embargo, hoy por hoy, las recientes acciones del Gobierno dejan un panorama absolutamente desolador al atentar insistente y sistemáticamente contra la salud pública de los colombianos, sobre todo, la población trabajadora y los menos favorecidos.
El desalojo por la fuerza, sin previo aviso y a altas horas de la noche (mostrando lo ilegítimo de la medida) de las clínicas de la ESE Rita Arango en el Eje Cafetero este fin de semana, es únicamente la aplicación de un “libreto ya leído” y que había sido utilizado antes por el Gobierno cuando hace pocos meses, también de manera arbitraria y en las mismas circunstancias, intervino la ESE Policarpa Salavarrieta que brindaba atención a las ciudades de Villavicencio, Ibagué, Tunja, Duitama, Sogamoso y Neiva.

Los hechos, desde luego, repudiables y que merecen un total rechazo por parte de cualquier demócrata, en todo caso no deben extrañar. Es la actitud que desde hace varios años los Gobiernos neoliberales (aunque con mayor ahínco el uribista) han venido utilizando de manera absurda y apresurada para liquidar a cualquier costo al Instituto de los Seguros Sociales, con el fin de entregarle el sector salud incondicionalmente al capital privado especulativo.

Esta medida, así como los cierres de la ESE José Prudencio Padilla en el 2006 y los que el Ministro anuncia para el futuro con la excusa de “mejorar el servicio, siguen demostrando que la escisión del ISS en varias ESE´S, implementada desde el primer mandato del Presidente Álvaro Uribe Vélez como una supuesta solución para hacer viable administrativa y financieramente la Institución, no era y no es adecuada; por el contrario, ha profundizado la situación de crisis por la que atraviesa el Seguro, acelerando su liquidación y facilitando su desmonte para propiciar su privatización.

Lo más grave del asunto es que, sólo con está liquidación, se deja a más de 1.000 familias desempleadas, sin contar con los miles de ciudadanos a quienes, una vez más, se les mina sus posibilidades de acceder a la prestación de los servicios de salud, quienes se sumarán a los cientos de trabajadores y los miles de usuarios afectados con el plan privatizador. Mientras tanto y por otro lado, el Gobierno Uribe sigue empeñado en seguir entregando la salud a los Grupos Financieros, como es de conocimiento público, cercanos a Palacio y quienes prácticamente le han hablado al oído al Ministro de “Desprotección Social” para que se adelanten este tipo de medidas pensando más en la rentabilidad del negocio que en garantizar plenamente el derecho constitucional a la salud.

Por ello, y como ha sido siempre la posición del Polo Democrático Alternativo en las anteriores ocasiones, continuaremos rechazando enérgicamente estas lamentables – aunque no sorpresivas – situaciones y levantaremos una denuncia pública ante toda la Nación para que cesen estos abusos, exigiéndole al Gobierno Nacional la rectificación de este anti-social proceder.
Bogotá, D.C., febrero 26 de 2008