CONSTANCIA

CONSTANCIA

Seguimos observando con preocupación los hechos registrados recientemente en relación con el “Caso Carimagüa” y en el cual el Gobierno Nacional a través de su Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, ha pretendido despojar de 17 mil hectáreas de tierra que pertenecen en justicia a campesinos desplazados.

Las razones que han venido aduciendo el Gobierno y, sobre todo, el Ministro de Agricultura brillan por su procacidad pues como ha sido denunciado debidamente por el Polo Democrático Alternativo, las tierras prácticamente se regalarían a un grupo de empresarios en vista de que se tenía proyectado arrendarlas a solamente 14.700 pesos anuales por hectárea por un período de diez años y luego a $117.600 pesos anuales por hectárea durante cuarenta años más, costos que son ciertamente risibles y que rayan con la verosimilitud que alude el MinAgricultura con eso de “grandes inversiones”.

Sin embargo, hay que llamar la atención que lo de Carimagüa simplemente es la punta del iceberg dentro de un gran plan de colonización, denominado megaproyecto “Recuperación de la Alta Orinoquía” y con el cual, como Alfredo Molano lo ha detallado, se busca seguir el mismo libreto de Carimagüa: entregar a ciertos grupos empresariales vinculados a intereses transnacionales, más de 6.5 millones de hectáreas entre los ríos Orinoco, Meta, Vichada y Manacacías, en donde actualmente viven media centena de resguardos indígenas y centenares de campesinos.

La convocatoria propiciada por el Ministerio de Agricultura para acercar un “concepto técnico” sobre Carimagüa no resuelve en nada la controversia y, por el contrario, muestra su obstinación para que procesos como éste se lleven a cabo en los términos definidos arbitrariamente por el Gobierno.

La decisión de seguir con este proceso es tan grave como irresponsable pues, sin la menor vergüenza, el Gobierno hace oídos sordos a las delicadas denuncias elevadas por la Procuraduría de la Nación, sin contar que decisiones gubernamentales como ésta siguen profundizando las cada vez más insoportables desigualdades sociales en el país.

En el Polo Democrático Alternativo estaremos muy atentos para impedir que se sigan cometiendo este tipo de atropellos y le exigimos al Gobierno Nacional y a su Ministro de Agricultura que abandonen definitivamente esta decisión, tan desafortunada como desproporcionada para avanzar en la justicia social, presupuesto de una paz auténtica para el país.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República
Polo Democrático Alternativo
Bogotá, D.C. febrero 26 de 2008