sábado, 29 de diciembre de 2007

SALUDO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO

SALUDO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO



Bogotá, D.C., diciembre de 2007


AMIGOS Y AMIGAS
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS
QUERIDOS CAMARADAS
E. S. M.


Ha culminado el período legislativo correspondiente al año 2007 y las y los colombianos nos aprestamos ahora a las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Sin pretender la realización de un balance, quiero expresar a ustedes mi reconocimiento a la lucha que adelantaron los educadores y los estudiantes contra el Plan Nacional de Desarrollo y el recorte a las transferencias; a las movilizaciones adelantadas por campesinos e indígenas en demanda de su derecho a una tierra libre de violencias; a los trabajadores de la salud ante el cierre de hospitales; a las mujeres y a las víctimas de la violencia política y del conflicto armado interno, en sus demandas por un Acuerdo Humanitario y la búsqueda de una salida política negociada para la resolución del mismo; expresiones todas que muestran el espíritu de rebeldía contra las injusticias que ha alentado la conciencia de nuestro pueblo.

El Congreso de la República lo hemos constituido en tribuna para la denuncia y el cuestionamiento a la descomposición del régimen político uribista, que se expresa en hechos tan repudiables como la llamada “parapolítica”, la interceptación de las líneas telefónicas de la oposición democrática, la calificación de sediciosos a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el irrespeto a la autonomía y majestad de los tribunales de justicia y, en fin, las componendas instruidas desde palacio que colocan en situación de total obsecuencia a un parlamento que se somete a los intereses del ejecutivo. Seguiremos luchando para que se conozca toda la verdad, sean posibles la realización de la justicia, la reparación integral de las víctimas de todas las formas de violencia y se garantice la no repetición de la tragedia humanitaria que ofende la dignidad de la nación.

Por ello, hemos dedicado lo mejor de nuestros esfuerzos a la búsqueda inaplazable de un Acuerdo Humanitario que permita el regreso a sus hogares, sanos y salvos, de todas las personas retenidas por la degradación de la guerra, con miras a que podamos vivir en un futuro no lejano en un país con paz, con justicia social, democracia real y soberanía nacional.

Igualmente, hemos sido persistentes en la urgente necesidad de que el Legislativo asuma la responsabilidad de abrirle paso a desarrollos efectivos de la Carta Política de 1991, a través de normativas que, como el Estatuto del Trabajo, la justiciabilidad de los derechos laborales y sociales de las madres comunitarias, de los trabajadores estatales en provisionalidad, tengan curso en el Congreso de la República. Lamentamos que las maniobras de algunos sectores uribistas hayan frustrado la aprobación del proyecto de ley respectivo en la Cámara de Representantes. También hemos sido parte de otras iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de las mujeres, de los niños y las niñas, de los educadores, de las personas de la tercera edad o en situación de discapacidad, de los desplazados, aún a sabiendas de que la correlación de fuerzas es adversa a nuestros propósitos humanistas y democráticos.

Participamos activamente en la campaña electoral y nos congratulamos con los avances logrados por el Polo Democrático Alternativo, al haber logrado un sinnúmero de escaños en la estructura del poder político territorial, a pesar de los infundios y de la intrigas de palacio y de los enemigos de la democracia y del cambio. Estos hechos reafirman nuestra convicción de que el PDA está llamado a erigirse en la auténtica alternativa de poder para el pueblo colombiano.

Hemos desarrollado una intensa actividad extraparlamentaria, tanto al interior del país como fuera de él, y aunque no hemos alcanzado a atender todos los requerimientos y llamados, mantendremos firme nuestra línea de articulación de la actividad en el Congreso con la acción organizada de las masas, único camino correcto para que nuestra labor pueda rendir los frutos que demandan los momentos tan aciagos que padece el país.

Les hacemos llegar nuestros más fervientes deseos porque la Navidad y el Año Nuevo les traigan a todos ustedes, a sus hogares y a sus comunidades, mucha prosperidad y alegría y que nos permitan recuperar las fuerzas que necesitamos para emprender el 2008, para que sea un año de realizaciones personales y colectivas, de luchas y de victorias que nos acerquen a un futuro mejor y posible para todas y todos los colombianos.




Con mis más profundos afectos,




GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República
Polo Democrático Alternativo

viernes, 14 de diciembre de 2007

Constancia de la Senadora Gloria Inés Ramírez ante la aprobación del proyecto de Ley 117 del Senado


Constancia de la Senadora Gloria Inés Ramírez ante la aprobación del proyecto de Ley 117 del Senado
Miércoles 12 de diciembre de 2007
Me permito dejar constancia ante la exclusión de la que ha sido víctima el magisterio del país como consecuencia de la presión del Gobierno Nacional en el trámite de aprobación del proyecto de Ley 117 Senado, 171 Cámara, “Por la cual se reforman algunos artículos de la Ley 909 de 2004, algunos artículos de las disposiciones que contienen los concursos de los sistemas específicos y especiales de origen legal y se dictan otras disposiciones en materia de carrera administrativa”. Siga

Senadora Gloria Inés Ramírez condena asesinato de dirigente del PDA en Natagaima


Senadora Gloria Inés Ramírez condena asesinato de dirigente del PDA en Natagaima
Gloria Inés Ramírez Martes 11 de diciembre de 2007
Bogotá, D.C., diciembre 11 de 2007. La Senadora del Polo Democrático Alternativo, condenó el asesinato de Ricardo Juanías Hernández ex candidato al concejo municipal de Natagaima, Tolima por el Polo.
La parlamentaria Ramírez Ríos, repudia estos hechos y pide que los verdaderos responsables paguen por este crímen y más aún cuando las investigaciones realizadas por defensores de derechos humanos en Ibagué, a puntan a que el magnicidio fue perpetrado por militares adscritos al batallón Caicedo con sede en Chaparral Tolima.
La Senadora del Polo Democrático Alternativo y Coordinadora de la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado, hace un llamado a la fuerza pública para que vele por el respeto a la vida y pide a las autoridades correspondientes para que el rigor de la ley caiga sobre los verdaderos responsables “No podemos permitir que situaciones como esta desestabilicen al país y se estigmatice al Polo, pero tampoco el que las muertes de nuestros dirigentes queden en la completa impunidad”.
El asesinato del dirigente del Polo ha causado consternación al Sur del Departamento del Tolima y los campesinos de la región aseguran que es una víctima más de la seguridad Democrática del Presidente Alvaro Uribe Vélez.

martes, 11 de diciembre de 2007

RODEAR EL INTERCAMBIO HUMANITARIO PARA HACERLO IRREVERSIBLE

COMUNICADO DE PRENSA
En el día de hoy, el Presidente de la República anunció públicamente que, atendiendo una propuesta de la Comisión de Conciliación de la Iglesia Católica, está dispuesto a conceder una zona de encuentro para que representantes autorizados por el Gobierno y por las FARC puedan llegar a un acuerdo que haga posible el intercambio humanitario.

Este hecho es el resultado de los muchos esfuerzos que durante largos años han adelantado los familiares de los cautivos, la comunidad internacional y numerosas personalidades y organizaciones identificadas en el propósito común de contribuir a la humanización del conflicto y a la búsqueda de la paz en Colombia. Por eso, no vacilamos en calificarlo de altamente positivo y esperamos que su concreción permita ponerle fin al sufrimiento de las personas que han perdido su libertad para que puedan reintegrarse cuanto antes al seno de sus familias y de la sociedad.

En estos momentos cruciales para nuestro país, llamamos a las partes a actuar con generosidad y grandeza para que cuestiones metodológicas o procedimentales o condicionamientos infranqueables no vayan a frustrar esta nueva esperanza. A la comunidad internacional y al pueblo colombiano los invitamos a rodear con mayor firmeza que nunca el intercambio humanitario para convertirlo en un hecho irreversible, con la seguridad de que su realización constituirá un poderoso acicate para desterrar el fantasma de la guerra y abrirle a nuestra patria nuevos y esperanzadores caminos de paz.
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Presidenta de la Comisión de Paz del Senado de la República
Bogotá, D.C. 7 de diciembre de 2007

viernes, 7 de diciembre de 2007

"Uribe tiene que buscar salidas políticas



Bogotá, diciembre 7 (TeleSUR). “Mientras el Gobierno no dé un paso hacia mover los inamovibles, nos parece que va a ser muy difícil que cualquier mediación internacional sea exitosa” estimó la senadora Ramírez. más...


Bogotá, diciembre 6 (Redacción). La senadora Gloria Inés Ramírez, en representación de la bancada parlamentaria del PCC-PDA, realiza un balance de su trabajo de control político y alude a otros aspectos de su trabajo en el Senado de la República durante la vigencia de 2007

miércoles, 5 de diciembre de 2007

La mediación y la facilitación humanitaria sí estaban funcionando


La mediación y la facilitación humanitaria sí estaban funcionando
Gloria Inés Ramírez Viernes 30 de noviembre de 2007
La revelación de las pruebas de supervivencia de algunos de los secuestrados - entre ellos de varios policías, un político, los tres norteamericanos y de Ingrid Betancur -, dadas a conocer en la madrugada de hoy por parte del Gobierno son la evidencia más contundente para ratificar que la mediación que venían realizando el Presidente Hugo Chávez y la facilitación de la Senadora Piedad Córdoba SÍ estaban dando frutos y que la decisión del Presidente Uribe de termina con ella, de manera abrupta y sin consulta, ha sido un error de enormes proporciones para alcanzar el Acuerdo Humanitario.
Contrariamente a lo que han expuesto tanto el Gobierno como la oficina del Alto Comisionado para la Paz y diferentes medios de comunicación, la revelación de las pruebas no ha sido producto de la Seguridad Democrática sino de las gestiones, además de rápidas muy eficaces, del Gobierno Venezolano y de la Senadora colombiana. No cabe duda que el mismo Uribe y el Alto Comisionado sabían la clase de resultados que estaba generando la Mediación Humanitaria y, sin embargo, han decidido cancelarla.
Con la captura de las personas que tenían en su poder las pruebas, el Gobierno únicamente se ha anticipado al impacto que pudo haber tenido si ellas finalmente hubieran llegado a su destino final: Piedad Córdoba y, en ese caso, haber sido reveladas por la Senadora.
Las pruebas de supervivencia, más allá de por quién o cómo hayan sido dadas a conocer, ratifican la vigencia de una salida humanitaria a la tragedia de los secuestrados. Le oponen una razón - y de bastante peso - a las continúas equivocaciones y a la intransigencia irracional del Presidente Uribe quien, de paso, parece expresar abiertamente la falta de la voluntad política del Gobierno para avanzar de manera sincera y auténtica hacia el Acuerdo Humanitario. Esperemos que la razón y el temperamento de una Nación que anhela el Acuerdo no decline ante la arrogancia del Primer Mandatario y que los argumentos - los cuales son HUMANITARIOS, no de tipo político o económico - lleven al país a un feliz término de esta odisea.
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS Senadora de la República
Bogotá, D.C. 30 de noviembre de 2007

miércoles, 28 de noviembre de 2007

Debate sobre libertad sindical


En el Recinto del Senado Debate sobre libertad sindical
Misión De Alto Nivel de la OIT en Colombia.

En lo transcurrido de 2007 más de 30 trabajadores asesinados.
Gloria Inés Ramírez


Martes 27 de noviembre de 2007
Bogotá, D.C., 27 de noviembre de 2007. La Senadora del Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Ramírez Ríos, ha promovido un debate al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación en el tema de Libertad Sindical, para mañana miércoles 28 de noviembre, a partir de las 5 pm.
La Parlamentaria del Polo, quien conoce la situación por la que atraviesan los trabajadores colombianos, donde los derechos de éstos son cada vez más vulnerados y donde ejercer el sindicalismo se ha convertido en una amenaza en Colombia, pues en lo transcurrido del año ya van más de 30 trabajadores asesinados, ha querido preguntar al Gobierno Nacional, por qué a pesar de los acuerdos tripartitos, la vulnerabilidad a la Libertad Sindical sigue siendo altamente preocupante.
La Senadora Ramírez Ríos ha manifestado que sería conveniente que la Misión de la OIT que se encuentra en Colombia, verificara que ha pasado con las investigaciones sobre los procesos penales que se siguen por asesinatos y atentados en contra de los dirigentes sindicales, si se ha respetado el ejercicio a la libertad sindical, a la negociación colectiva, al derecho a la huelga y si las recomendaciones de este organismo internacional se han acatado.
Entre los sindicatos más golpeados y silenciados por ejercer el sindicalismo en Colombia, y que harán denuncias mañana en el recinto del Senado están: la USO, ANTHOC, FECODE, FENALTRASE, SINTRAMINERCOL, UNEB, entre otros.

viernes, 23 de noviembre de 2007

LA LUCHA POR EL INTERCAMBIO HUMANITARIO DEBE CONTINUAR



COMUNICADO


En la madrugada del día de hoy el Presidente de la República expidió un comunicado anunciando su decisión de dar por terminada la mediación que les había encomendado al Presidente de Venezuela Hugo Chávez y a la Senadora colombiana Piedad Córdoba, con miras a lograr el intercambio humanitario entre las personas cautivas en manos de las FARC y los guerrilleros de esta organización presos en las cárceles del Estado. El Consejero Presidencial José Obdulio Gaviria, por su parte, ha afirmado que se trata de una decisión irreversible.

Este lamentable desenlace se veía venir, debido a la falta de suficiente confidencialidad de las gestiones realizadas, a los permanentes cuestionamientos de los sectores enemigos de la paz, a los frecuentes reparos del gobierno a la labor de los mediadores y a la interferencia del gobierno norteamericano a través de su embajador en Bogotá.

Basta con recordar que en los noticieros de la noche anterior el Ministro del Interior afirmó en forma despectiva que lo único que se había logrado hasta ahora era que el guerrillero Iván Márquez fuera a Caracas, en tanto que el Embajador de Estados Unidos se quejó de la falta de resultados, para no hablar de la actitud hostil de ciertos columnistas de prensa hacia el Presidente de Venezuela y de la labor saboteadora de altos funcionarios del gobierno, como el Ministro de Agricultura. Tampoco hay que olvidar que el Presidente de la República había dado un ultimátum para que a más tardar el 31 de diciembre de este año se mostraran “avances significativos”, lo cual era un claro indicio de que el asunto no terminaría bien.

La llamada telefónica de la Senadora Piedad Córdoba al Comandante del Ejército y la solicitud del Presidente Chávez al mismo de que le informara sobre el número de detenidos de las FARC, que el gobierno califica como violaciones a los conductos regulares y como atentados contra la institucionalidad, constituyen apenas el pretexto de una decisión cuyo fondo político aún no está claro. La experiencia de intentos anteriores también frustrados así lo demuestra.

Ante estos deplorables hechos, lo que nos queda a los colombianos es continuar la lucha porque el intercambio humanitario se haga realidad cuanto antes, no solo para que quienes se encuentran cautivos regresen al seno de sus familias y de la sociedad, sino para que se le abran las puertas a un proceso de paz que posibilite ponerle fin al conflicto interno que tantos costos y sufrimientos le causa a nuestro país.

Para ello debemos seguir trabajando para que la comunidad internacional mantenga sus buenos oficios y para que la población colombiana se movilice en exigencia de una real política de paz. El encuentro por el intercambio humanitario convocado para el próximo 28 de noviembre es ocasión propicia para examinar estos temas y para acordar un plan de acción que nos permita encontrarle salidas a la encrucijada que vive nuestro país.

GLORIA INES RAMIREZ RIOS
Senadora de la República por el PDA

Bogotá, D.C., 22 de noviembre de 2007

lunes, 19 de noviembre de 2007

Radicado proyecto de ley


Bogotá, noviembre 19 (Redacción). La Senadora Gloria Inés Ramírez presentó ante la Secretaría del Senado de la República el Proyecto de Ley que fue radicado con el No. 180, “Por el cual se garantizan los Derechos Laborales y Sociales de las Madres Comunitarias de Colombia”.
Con el citado proyecto de ley se busca establecer el carácter de trabajadoras de las madres comunitarias, con plenos derechos laborales y sociales, que permitan la superación del “estado de cosas inconstitucional” a que se han visto sometidas, lo que implica:
• El cambio en la conceptualización de la labor que desempeñan las 78.502 madres comunitarias; • La categoría de servicio público de los Hogares Comunitarios y Hogares FAMI; • Las precisas obligaciones del ICBF como parte contratante del servicio público de Hogares Comunitarios y Hogares FAMI; • La definición del vínculo laboral de las madres comunitarias, sujeto a la Constitución, a la Ley y a los tratados y convenios internacionales de la OIT; • La aplicación del principio de “la condición más beneficiosa” y del principio de “favorabilidad” , tanto para los efectos salariales, prestacionales y legales a que haya lugar en el marco de la relación laboral existente; • El reconocimiento del derecho a la información, la capacitación o actualización ocupacional y la formación profesional, para el buen desempeño en el servicio; • El establecimiento de un instrumento de vigilancia superior para la garantía de los derechos laborales y sociales de las madres comunitarias y, • El derecho de participación en la adopción del Programa de Vivienda de Interés Social a que deseen afiliarse.
Igualmente este Proyecto de Ley se coloca a tono, con el contenido y alcance de la Sentencia C-911 de octubre 31 de 2007, Magistrado Ponente, Dr. Jaime Araujo Rentería, según la cual el Alto Tribunal, declaró infundadas las objeciones por “inconstitucionalidad”, que formulara por el Gobierno Nacional, al Artículo 4º del Proyecto de Ley No. 110/06 – Senado y 254/05 – Cámara, “Por el cual se adiciona un parágrafo 2 al articulo 2º de la Ley 1023 de 2006 y se dictan otras disposiciones”, que el Legislador, en aplicación de su facultad de configuración legislativa, “había decretado el incremento al 70% del salario mínimo legal, mensual vigente a la bonificación” con la cual se retribuye el trabajo que realizan las madres comunitarias y, en consecuencia, declara exequible el artículo 4º del proyecto de ley revisado, que obliga al Presidente de la República a su sanción inmediata (Art. 167 C.P.).
No obstante, la Senadora Ramírez, como caracterizada defensora de los derechos humanos de las mujeres en el país, ha manifestado que su trámite seguramente encontrará innumerables tropiezos hasta lograr su aprobación, la que solamente será posible con la movilización y respaldo de las madres comunitarias, las organizaciones de padres y madres beneficiarios del servicio y, en general del Movimiento Social de Mujeres que lucha por la Equidad de Género en el mundo del trabajo.

viernes, 16 de noviembre de 2007

Comisión del PCC se reunió con Samuel Moreno


Bogotá, noviembre 16 (PCC). El nuevo Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, recibió y sostuvo un importante intercambio de opiniones y propuestas con una delegación oficial del Comité Distrital del Partido Comunista Colombiano... más...

jueves, 8 de noviembre de 2007

La Senadora del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez Ríos se encuentra en Irlanda


En Irlanda


CENTRO DE MEDIACION Y DIALOGO POLITICO


- Por la construcción de una paz duradera y verdadera en Colombia

- Por una salida negociada al conflicto colombiano


BOLETIN DE PRENSA


Bogotá, Noviembre 8 de 2007. La Senadora del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez Ríos se encuentra en Irlanda, invitada por dos organizaciones de carácter privado como lo son Trocaire agencia de
corporación de la iglesia católica y el Instituto Popular de Capacitación IPC, con el fin de traer las experiencias exitosas sobre procesos de paz vividos en otros países y que pueden contribuir al proceso de paz colombiano.Como es de conocimiento la Parlamentaria Ramírez Ríos, es la coordinadora de la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado, además que hace parte del Consejo Nacional de Paz.El proyecto a realizar en esta visita es el Centro de Mediación y Diálogo Político y tiene como intención contribuir a los esfuerzos en la construcción de una salida negociada al conflicto armado y una paz duradera en Colombia, a través de la promoción de confluencias de voluntades de diferentes sectores de la sociedad civil colombiana.La Senadora del Polo está reunida con diplomáticos, representantes de la iglesia católica, académicos, movimientos sociales y partidos políticos, además de los diferentes medios de comunicación, para conocer la experiencia de la construcción de paz en Irlanda, Sudáfrica y Helsinki, a partir de una interlocución directa con sus actores políticos y sociale

miércoles, 7 de noviembre de 2007

AIROSOS, PARA CONTINUAR LA LUCHA


Por: Jaime Caycedo Turriago El Polo ha salido airoso de la dura prueba de las elecciones locales. Triunfa en Bogotá y se consolida nacionalmente. El logro de la gobernación en Nariño, expresa una convergencia diversa, que debe analizarse. Es significativa la respuesta política en la Capital, frente a la ofensiva que el Gobierno desató contra el candidato a la alcaldía. La hostilidad oficial hacia Samuel traduce la intuición uribista de que el avance del Polo no es un fenómeno de coyuntura sino la agregación demúltiples manifestaciones del descontento y de la crisis de la candidatura oligárquica, que no pudo recomponer el cuadro de gobernabilidad del modelo dominante. PARA CONTINUAR LA LUCHA

lunes, 5 de noviembre de 2007

Dice Carlos Lozano, periodista colombiano.“Con Uribe en el Gobierno es imposible avanzar hacia la democracia”


*Francisco SerranoPeriodista En Colombia, según dicen los expertos, en los últimos años no hubo otra elección tan enconada y de tanta contradicción entre las fuerzas de izquierda, representadas en el Polo Democrático Alternativo y el gobierno derechista de Álvaro Uribe Vélez, como las del 28 de octubre pasado, cuando fueron elegidos los gobernadores, alcaldes, diputados departamentales, concejales y ediles en el país. Dice Carlos Lozano

domingo, 4 de noviembre de 2007

Intervención de Gloria Inés Ramírez en el Foro sobre provisionalidad, vacancia y estabilidad de los servidores públicos de la rama legislativa


Intervención de Gloria Inés Ramírez en el Foro sobre provisionalidad, vacancia y estabilidad de los servidores públicos de la rama legislativa
Gloria Inés Ramírez
Viernes 2 de noviembre de 2007
Apreciaciones generales acerca del Proyecto de Ley Nº 121 de 2006 Senado, “Por el cual se reforman los artículos 3º y 31 numeral 5º de la Ley 909 de 2004” Por OALC
La estabilidad laboral es una garantía jurídicamente consagrada en el artículo 53 Constitucional, la cual hace parte del catálogo de principios mínimos fundamentales que la misma Constitución ordenó al legislador desarrollar mediante la expedición del Estatuto del Trabajo, tarea en la que estamos comprometidas de cara a todos los trabajadores y trabajadoras del país.
La estabilidad como principio constitucional ha sido definida por la jurisprudencia como la garantía de mantener la relación laboral, cualquiera sea su origen, en tanto no exista motivo razonable alguno para darla por terminada, definición que va mucho más allá del derecho a no ser despedido sin justa causa. Es en realidad una garantía de rango fundamental regida como principio mínimo del trabajo en condiciones dignas y justas, y por tanto, institución jurídica de carácter constitucional.
Ahora bien, el escenario por naturaleza en el cual debe discutirse el desarrollo legislativo de un principio constitucional como la estabilidad laboral, es el que se encuentra abierto a propósito de la expedición del Estatuto del Trabajo, y no el debate de una medida de coyuntura. Es en el marco de la discusión general por un trabajo digno y un estatuto que así lo garantice en el cual debe concentrarse decididamente el apoyo de la clase trabajadora del país en conjunto con las buenas intenciones legislativas. Sin el apoyo contundente de servidores y servidoras públicas, así como de trabajadores y trabajadoras particulares al Estatuto del Trabajo, cualquier medida que se tome en aras de garantizar la estabilidad laboral por fuera de la aprobación del Estatuto será solamente un remedio temporal, una medida de coyuntura que no solucionará el debate de fondo.
Sin embargo, mientras cerramos filas en torno a la aprobación del Estatuto del Trabajo, es necesario garantizar la vigencia de los principios constitucionales aquí y ahora, sin que eso implique renunciar a un propósito común de mayor alcance como es el Estatuto. Por eso celebramos y acompañamos la iniciativa de la H. Senadora Dilian Francisca Toro, quien en esta ocasión ha mostrado una especial sensibilidad por la situación de miles de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado que hoy ven amenazada su estabilidad laboral. De manera que en general estamos dispuestas a apoyar el proyecto en tanto el mismo contribuya a garantizar el derecho a la estabilidad de los servidores públicos, incluidos por supuesto, nuestros estimados compañeros y compañeras del Congreso de la República.
En atención al compromiso con la clase trabajadora, quisiera a continuación caminar, como dicen los taitas y sabedores indios, de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, para hacer algunos comentarios breves al proyecto de Ley que considero contribuirán a fortalecer la propuesta y a mejorar la sustentación, ya que en mi concepto el argumento según el cual el proyecto es un sistema de transición es adecuado, pero quizás no resulte suficiente.
Un argumento que le propongo a la honorable senadora que ha presentado la propuesta, es el de las acciones afirmativas. Por ello permítanme explicar brevemente qué se entiende por ellas: Las acciones afirmativas han sido definidas por el constitucionalismo contemporáneo como medidas concretas -generalmente legislativas- destinadas a garantizar la igualdad sustancial o material por encima de la igualdad formal, como parte del compromiso asumido por los poderes públicos con el fin de materializar el Estado Social de Derecho. Históricamente, tienen origen precisamente en el marco de los conflictos laborales acaecidos en Estados Unidos durante la década del 30 del siglo pasado, cuando la política del New Deal (Nuevo Pacto) emprendida por el presidente Franklin D. Roosevelt con el fin de mejorar las condiciones de trabajadores, campesinos y pequeños comerciantes, generó la expedición de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, por la cual, si un empresario discriminaba a un sindicato o miembro de aquel, debía suspender su actuación y adoptar “acciones afirmativas” para ubicar a las víctimas en el lugar que estarían si no hubieran sido discriminadas.
De allí, las acciones afirmativas se extendieron a otras poblaciones tradicionalmente excluidas, como las minorías étnicas y religiosas, las mujeres, discapacitados (as), sin tierra, homosexuales, entre muchas otras, que comenzaban a ser protegidas a través de mecanismos legales que ubicaban a estos grupos discriminados históricamente en las mismas condiciones que los demás, garantizando así la igualdad material por encima de la anacrónica igualdad formal establecida por las revoluciones liberales burguesas de los siglos XVII al XIX. Por último, y de manera más reciente, las acciones afirmativas se han utilizado para incrementar los niveles de participación de colectivos discriminados, especialmente en escenarios políticos.
Es necesario este breve recorrido histórico, porque sólo a partir de la comprensión de las acciones afirmativas como una conquista de los sectores sociales surgida en el seno de las organizaciones de trabajadores, se puede comprender hoy, que las acciones afirmativas son producto de un ejercicio dialéctico, pero además, una expresión del nuevo constitucionalismo que progresivamente se ha ido extendiendo hasta llegar a ser una garantía aplicable a todo aquel que se encuentre en condición de discriminación. Hoy encuentro plenamente justificada la protección especial de un grupo como el de los miles de servidoras y servidores públicos, que ha sido víctima de una equivocada planeación en materia de provisión de cargos públicos, teniendo que asumir los costos de la improvisación del Estado en la materia.
De manera que el otorgar un trato preferencial a los actuales servidores y servidoras públicas en provisionalidad que ven amenazada su estabilidad y su mínimo fundamental como consecuencia de una política errática, no constituye una discriminación en contra de aquellos que aspiran a ocupar una plaza en cualquiera de las ramas del poder público, por el contrario, constituye una acción afirmativa a favor de quienes merecen una especial protección del Estado por haber servido de manera eficiente durante todos estos años. Sólo así se compensa en algo esa enorme deuda que legislador y ejecutivo tenemos con aquellas y aquellos que durante estos largos años han mantenido la terrible incertidumbre de la inestabilidad, y pese a lo cual han cumplido cabalmente con sus labores como cualquier funcionario de carrera.
Nada, aparte de las crisis nerviosas que más de un servidor en provisionalidad debe tener, diferencia a un empleado de carrera de un mal llamado “provisional”, y sin embargo es el segundo grupo el que lleva sobre sus hombros la pesada carga de lo incierto, del riesgo de la desocupación, de no saber si el siguiente mes contará con el empleo que le permite sobrevivir en una sociedad que -más allá de las mentiras del Gobierno Nacional- es cada vez más una sociedad de desempleados(as), subempleados/as, desplazados/as, desarraigados/as, discriminados/as, en fin de excluidos y excluidas.
Todo sabemos que mejorar la prestación del servicio público es una necesidad. Por tanto, es loable la intención del Estado por mejorar la calidad en la prestación de las diferentes actividades destinadas a garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceso efectivo a los servicios públicos, sin embargo, no se puede por ello admitir que una gran parte de la población colombiana tenga que asumir las caras consecuencias de décadas de mala planeación en materia de provisión de cargos, siendo “desechados” de la administración como algo que ya no sirve por el simple hecho de encontrarse en situación de provisionalidad. La oportuna y eficiente prestación del servicio público debe ser adecuadamente ponderada con la estabilidad de aquellos y aquellas que han entregado parte de su vida por nada más que un puñado de incertidumbre.
Para concluir, si nada -aparte de la inestabilidad- diferencia a un empleado o empleada en provisionalidad de aquellos que se encuentra en carrera y gozan de estabilidad, se justifica entonces una acción afirmativa que permita conciliar los intereses en conflicto -eficiencia, economía y eficacia de la función pública, de un lado, y derechos al trabajo y al mínimo vital, del otro-, frente a las políticas de provisión de cargos en las entidades públicas. Se debe otorgar así un trato preferente y privilegiar la estabilidad laboral de los sujetos de especial protección del Estado.
Por lo anterior, y en aras de contribuir con argumentos al proyecto de Ley 121 de 2006 Senado, por el cual se pretende garantizar la estabilidad de aquellos empleados y empleadas en provisionalidad que se encontraban vinculados al servicio público al momento de entrar en vigencia la Ley 909 de 2004, considero que este proyecto se puede alimentar de la teoría de las acciones afirmativas en los términos que han sido expuestos.
Pero es necesario tener presente, que los esfuerzos debemos concentrarlos en apoyar la iniciativa del Estatuto del Trabajo, sin el cual las medidas como la que hoy discutimos pasarán a ser un retazo más de la desarticulada, simbólica e ineficaz normatividad laboral producto de una legislación para el momento y los intereses de algunos sectores, y no para la totalidad de la clase trabajadora.
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOSSenadora

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HISTORIA DE UN LIDERAZGO ENTRAÑABLE¿QUIEN ES GLORIA INES RAMIREZ RÍOS?Gloría Inés, una niña humilde de Filadelfia, Caldas, que amaneció con la aurora de un 8 de Junio de 1956, que no tuvo muñecas y que tempranamente asumió las afugias de las primogenituras, JUGABA con sus hermanitos y los vecinitos del barrio a SER MAESTRA, y es allí, entre el juego, los sueños y las duras realidades, donde se forja su temple de lidereza, de mujer de mucho carácter, defensora de sus ideas, luchadora insobornable ante las injusticias, intrépida ante la adversidad y los obstáculos, de militante inclaudicable por la causa de los estudiantes, de los destechados, de las mujeres, de los trabajadores, de los defensores de Derechos Humanos; pero es allí mismo donde se aquilata su corazón de hija, de madre, de compañera, con el amor atesorado de su familia, con la compañía solidaria y comprometida de sus compañeros en el sindicalismo y de sus camaradas en la lucha social y política del país.Esta menuda mujer que guarda la frustración de no haber sido Física Nuclear, desde temprana edad incursiona en las luchas estudiantiles de la región; luego de seguir el ejemplo de su madre: SER MAESTRA, combina la actividad docente, con una intensa labor sindical, en defensa del carácter público de la educación y de los derechos de los educadores de Risaralda, con la toma de tierras para los destechados de Pereira y Desquebradas; con la lucha de las mujeres risaraldenses para lograr espacios de participación y organización como la Casa de la Mujer ”STELLA BRAND” y las Comisarías de Familia; con los aportes a la academia desde un Feminismo crítico y comprometido con la realidad de las mujeres de nuestro país y con una probada militancia en la causa de los Comunistas Colombianos; todo lo cual le ha abierto el camino para llegar a ser la primera Mujer que en 40 años, asumió la Presidencia del Sindicato más grande del país, FECODE, durante 2 años y medio y haber alcanzado la mayor votación en las elecciones internas de la CUT en Octubre de 2002, 23.500 votos que igualmente le merecían la designación de la Primer Presidenta Mujer de una Central Obrera en Colombia.Esta mujer que proclama categóricamente: MI VENTAJA, ES QUE SIEMPRE HE SIDO COMUNISTA Y FEMINISTA, ha sido capaz de poner en jaque al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, cuando acompañada de más 60.000 personas- entre estudiantes, padres de familia y educadores, se tomó en dos oportunidades la Plaza de Bolívar, buscando impedir que el Acto Legislativo 012, recortara las transferencias a los municipios y departamentos para la educación y que el Proyecto de Ley 715 impusiera condiciones laborales onerosas a los educadores colombianos, lo que le ganó que el Periódico El ESPECATADOR la nombrara como la “Dama de la Mano de Hierro”.Esta dulce y hermosa mujer, admiradora ferviente de FRIDA KAHLO, ha hecho sentir su voz atronadora, haciendo la denuncia de que en Colombia “Hay un plan para exterminar al movimiento sindical” o pidiendo al régimen o a los actores del conflicto armado: “El respeto a las escuelas como territorios de Paz”.Esta mujer que por su coraje y valentía, ha tenido que padecer en carne propia los efectos de la Política de la Seguridad Democrática y del Terrorismo Estatal agenciado por los paramilitares, ha exorcizado la soledad y el exilio, EN LA FORTALEZA DEL AMOR que le prodiga su familia y en LA ESPERANZA de que un país mejor y posible, alienta la lucha de los demócratas y los revolucionarios colombianos.Su lucha al lado de las mujeres: las educadoras, las sindicalistas, las destechadas, las defensoras de derechos humanos, sus camaradas, le han servido para templar su carácter combativo, el mismo que sus críticos lo califican de “radical” y sus amigos como de “principios”.Si a algo le tiene miedo esta mujer, es a LA IMPUNIDAD que hoy ofende la dignidad de la Nación y especialmente la vida, los cuerpos y las esperanzas en la verdad, la justicia y la reparación para tantas y tantas mujeres despojadas de todo.Esta es Señoras y Señores, GLORIA INES RAMIREZ RÍOS, UNA FIGURA AURORAL DE LA ESPERANZA, que desde la perspectiva de la filósofa feminista María Zambrano, es una mujer que con su cuerpo, con su sapiencia, con sus deseos, con su pasión como fuerza sagrada de la vida, con esa sonrisa persistente y generosa, es capaz de todas las transformaciones, y por que no? De todas las revoluciones pendientes, que abren caminos distintos en la historia y potencian la conciencia social y política de la insurgencia, la alegría de vivir y de luchar por una causa justa, entusiasmante e invencible; esa lucha, nuestra lucha, la lucha a la que le hemos apostado todas las mujeres y los hombres que anhelamos un mundo y un país mejor y posible para TODAS y TODOS.Razones por demás valederas, para que en las elecciones parlamentarias de Marzo de 2006, esta mujer portentosa haya logrado una delegación del PODER POPULAR, para ocupar un escaño en el Senado de la República, en el que se desempeña como Vicepresidenta de la Comisión Séptima Constitucional, Presidenta de la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario, integrante de varias Comisiones Accidentales que tratan las problemáticas de la educación pública, de la grave crisis del Departamento del Choco, de la violencia contra las mujeres desde la Comisión Bicameral de Parlamentarias y últimamente, como integrante del Consejo Nacional de Paz, tareas que cada día ponen a prueba su temple de luchadora incansable, frente a la gran responsabilidad de ser la vocera y la representante de “los sin voz, de los invisibilizados, de los que no se cuenta, de los desposeídos, de los ignorados y, especialmente de las mujeres, en una reivindicación de la historia no contada, de la voz silenciada y del poder negado a tantas NOSOTRAS.Con la seguridad de una combatiente por las causas de la justicia, a comienzos del presente período legislativo radicó en la Secretaría del Senado de la República, el Primer Proyecto de Ley sobre un Estatuto del Trabajo que desarrolla el Artículo 53 de la Constitución Política, que en casi 17 años de su vigencia, la oligarquía empotrada en el Parlamento Colombiano no había permitido que cursara espacio en los debates legislativos. Con esta misma certeza, avanza en el estudio de otros proyectos de Ley que reivindicarán los derechos conculcados a hombres y mujeres en el mundo del trabajo, como ha acontecido con las 79.000 madres comunitarias.En su agenda de trabajo, no hay un solo día que no dedique lo mejor de sus esfuerzos a preparar las próximas visitas, las conferencias, los foros o las entrevistas; a escuchar o a responder los pedimentos que desde ignotos rincones del país, con ahincada esperanza llegan a su oficina, en demanda de una voz de aliento o de la apertura de caminos de solución a tantas y tantas necesidades de las almas y de los cuerpos.

TERESA MARTINEZ PINTOAsesora Unidad de Trabajo LegislativoBogotá, D.C., Noviembre de 2007PERFIL PROFESIONALLICENCIADA EN FÍSICA Y MATEMÁTICASUniversidad Tecnológica de PereiraMAGISTER ENDESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓNUniversidad Pedagógica NacionalESPECIALISTA EN GARANTÍA DE DERECHOS LABORALESUniversidad de Toledo – EspañaDIPLOMADO EN ECONOMÍA, POLÍTICA SOCIAL Y GÉNEROPontificia Universidad JaverianaCONFERENCISTA INTERNACIONAL EN TEMAS EDUCATIVOS Y DE GÉNEROCARGOS DE REPRESENTACIÓNPRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES, “FECODE”INTEGRANTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA, “CUT”ASESORA TEMÁTICA DE LA CASA DE LA MUJER “STELLA BRAND” DE PEREIRAACTIVISTA DE LA RED NACIONAL DE MUJERESINTEGRANTE DE LA BANCADA BICAMERAL DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICAREPRESENTANTE POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA ANTE EL PARLAMENTO ANDINO DE MUJERESPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PAZ Y ACUERDO HUMANITARIO DEL SENADO DE LA REPÚBLICAVICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICAINTEGRANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ

martes, 30 de octubre de 2007

LA DEMOCRACIA Y EL POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO


GRANDES GANADORES EN LAS ELECCIONES DEL DOMINGO.

- Alvaro Uribe Vélez uno de los derrotados
- La guerra sucia contra las campañas, no surtió efecto en resultados
- El Polo Democrático Alternativo se fortaleció como movimiento político


BOLETIN DE PRENSA

Bogotá, D.C., octubre 29 de 2007. La Senadora del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez Ríos, manifestó que las elecciones del pasado 28 de octubre es el resultado del trabajo de una nueva alternativa, una nueva fuerza que nació para quedarse como una propuesta para velar por los intereses de la clase más desprotegida y desfavorecida del país, y que hoy se ha convertido en el partido con mayor proyección para gobernar a Colombia.

La Senadora afirma que no es fortuito que el Polo Democrático Alternativo, llegue por segunda vez a ocupar el segundo cargo más importante del país como lo es la Alcaldía Mayor de Bogotá y que como están las cosas, será la bancada con mayor número de concejales del distrito. “A Uribe no le sirvió la campaña sucia que emprendió en contra de nuestro candidato Samuel Moreno Rojas, ni algunos medios de comunicación las difamaciones sin sentido que emprendieron contra el Alcalde Electo”, puntualizó Ramírez Ríos.

La parlamentaria celebra además de la elección de Samuel Moreno Rojas a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la representación en el concejo del sector de los educadores, de las mujeres, de su amigo y compañero de lucha Jaime Caicedo Turriago actualmente secretario general del Partido Comunista y de su concejal por Pereira Fernando Arias Cardona, quien se ha desempeñado por varios años como asesor de la clase trabajadora.

Así mismo, quiere agradecer a todos los educadores, mujeres, líderes sociales y sindicales que votaron en estas elecciones y que contribuyeron a demostrarle a un sector del país, que la izquierda esta más viva que nunca y que unidos se pueden lograr grandes cosas.
El Polo duplicó su representación regional en todo el paísUn primer balance hecho con base en la información suministrada por la Registraduría, confirma que el Polo Democrático Alternativo creció de manera significativa con relación a las elecciones del 2003.En Gobernaciones, por ejemplo, pasamos de 159 mil votos en octubre de 2003, a 658 mil en las elecciones de este domingo. El Polo tendrá para el próximo período 22 diputados en las Asambleas Departamentales, hoy tiene 14 en ejercicio. Más información.

lunes, 29 de octubre de 2007

! Gracias Bogotá !



Octubre 28 de 2007. Gano la Unidad Samuel Alcalde - Jaime Caicedo Concejal. El PDA como la expresión política de la unidad popular es el gran ganador de las elecciones del 28 de octubre en Bogotá. Samuel Moreno con 915.769 votos derrotó contundentemente al candidato del establecimiento que solo llego a 589.954 sufragios. Uribe es el gran derrotado de la Jornada. El PDA pasa de 8 a 11 concejales y la candidatura comunista de Jaime Caicedo Turriago, se consolido en el segundo lugar con 13.940 votos. Vea el último boletin. Leer más...

La Unidad salió fortalecida

Victoria del Polo en Bogotá


Es aplastante derrota de Uribe


Por: Juan Cendal
El triunfo del Polo y de Samuel Moreno en la alcaldía de Bogotá es la derrota más aplastante que ha sufrido Álvaro Uribe Vélez en los últimos años.

Uribe se la jugó toda contra el Polo.

Violó la ley al meterse en el debate electoral. Pisoteó la ética y también la ley al mentir descaradamente en contra del candidato Moreno.

Para detener al Polo crearon confusión y caos, en abierta actitud terrorista.

Detuvieron dirigentes del Polo como a Moisés Delgado candidato a Edil de Sumpaz. Compraron votos, repartieron mercados, repartieron auxilios presidenciales, amenazaron, asustaron, intimidaron y usaron todo el poder distorsionador de los grandes medios, especialmente de RCN.

Pero no lograron su objetivo. Y las es la hora de preguntarse: donde está la supuesta inmensa popularidad de Uribe? Sencillo. Es un ídolo con pies de barro. Y su destino será el mismo de Fujimori y de Noriega.

Y el futuro de Colombia es doblar esta página lacerante de la narcoparapolítica y la violencia para construir un mejor y más tranquilo futuro.

Y para allá vamos!

Jaime Caicedo, Secretario General del PCC, fue elegido concejal de Bogotá con la segunda votación más alta del Polo. El Polo eligió 11 de los 45 concejales de la capital.

sábado, 27 de octubre de 2007

Comunicado a la opinión pública

ANTE EL OPORTUNISMO DE DERECHA O DE IZQUIERDA, A DEFENDER LA UNIDAD DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Bogotá, D.C., Octubre 26 de 2007

Ante el pronunciamiento del pasado 23 de octubre, de los parlamentarios del Polo Democrático Alternativo FRANKLIN LEGRO, GUSTAVO PETRO, JAIME DUSSAN, PARMENIO CUELLAR, JORGE GUEVARA, JESÚS BERNAL y PEDRO VICENTE OBANDO, en el que invitan "a todos los amigos y simpatizantes del POLO en la ciudad de Cali a apoyar con su voto al medico Jorge Iván Ospina para la Alcaldía de la ciudad (…)”, como el apoyo a un militante del partido, me permito manifestar lo siguiente:

1. Que dicho pronunciamiento se constituye en un grave desacato a las normas fundacionales del Polo Democrático Alternativo, instituidas en su Congreso y que se encuentran consagradas en el IDEARIO DE UNIDAD, en sus Estatutos y en los reglamentos que ha proferido su dirección nacional, en el propósito más elevado de constituirnos EN UNA VERDADERA OPCIÓN DE PODER POPULAR, DEMOCRÁTICA, PLURALISTA Y RESPETUOSA DE LAS DIFERENCIAS, en razón de lo cual, “El Partido promueve la democracia interna y el libre examen, busca el consenso entre sus afiliados y afiliadas, y permite la libertad de tendencias alrededor de su plataforma política” (Art. 2 estatutario);

2. Que, la grave confusión generada por el comportamiento de dichos parlamentarios en las y los afiliados del PDA en el Departamento del Valle y en particular de la ciudad de Cali, ha afectado enormemente la capacidad de decisión y de consolidación del tejido social del proyecto de unidad, en una clara desviación de los principios y de las reglas de juego sobre las cuales hemos constituido nuestra democracia interna, ante lo cual la dirigencia y la militancia del POLO a nivel nacional, debemos salir en defensa de su integridad y de su legitimidad;

3. Que, los comportamientos personalistas de estos dirigentes de nuestro partido, en momentos de duras pruebas para el proceso de consolidación del PDA, como ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA DE PODER POPULAR, que en este 28 de octubre abrirá los caminos acertados hacia un cambio sustancial del actual régimen autoritario y corrupto de Uribe Vélez, le prestan un flaco servicio a las abyectas provocaciones que desde diferentes flancos de la derecha y el obscurantismo, buscan resquebrajar su solidez y la conciencia política de un pueblo, que de tiempo atrás, ha venido acuñando afincadas esperanzas en un canal de expresión política que lo redima de tanta barbarie;

4. Que, como una militante disciplinada de la izquierda colombiana, defenderé en todo momento y circunstancia, LA UNIDAD y LA LEGITMIDAD del pensamiento y de la acción construida en todos los espacios de la colectividad partidaria y, en razón de ello, a quien dentro del POLO crea que puede imponer arbitrariamente criterios que se aparten de los consensos unitarios debo reiterarles: “QUE EL POLO, ES UNA CREACIÓN COLECTIVA Y UN PATRIMONIO DEL PUEBLO. SU BASE POPULAR ES LA ÚNICA AUTORIZADA PARA DIRIMIR SU FUTURO”.[1]

5. Que, ante estos hechos, expreso mi respaldo a la justa protesta elevada por el H. Senador ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA; a las advertencias formuladas por el Presidente del PDA, Maestro CARLOS GAVIRIA DÍAZ, en el sentido de que jamás “CAMBIAREMOS PRINCIPIOS POR BUROCRACIA” y,




C O N V O C O:


A las afiliadas y afiliados, simpatizantes y amigos del Polo Democrático Alternativo en la Ciudad de Cali y en el resto del país, a cerrar filas en torno a los postulados de UNIDAD sobre los cuales hemos construido esta ALTERNATIVA DE EMANCIPACIÓN Y DE RECUPERACIÓN DE LA DIGNIDAD DE LA NACIÓN Y DE LOS DERECHOS DE NUESTRO PUEBLO.

GLORIA INES RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República
En representación del Polo Democrático Alternativo



viernes, 26 de octubre de 2007

Vamos a las elecciones como parte de la batalla contra un sistema y un régimen violento y opresor que pretende perpetuarse. Lo hacemos a conciencia


Por: Gloria Inés Ramírez Vamos a las elecciones como parte de la batalla contra un sistema y un régimen violento y opresor que pretende perpetuarse. Lo hacemos a conciencia, sin engaños, sin falsas ilusiones, porque sabemos que al pueblo lo salva el pueblo y no ningún candidato o caudillo por más brillante que éste sea.
Y en esa batalla, en medio de la maraña de empresas electorales, nombres y números por doquier, hay hombres y mujeres con decoro, es decir, con dignidad, honestidad y compromiso verdadero con las transformaciones sociales. Uno de ellos sin que quepa la menor duda es Jaime Caicedo, el luchador de toda una vida, el profesor universitario, el intelectual orgánico, el comunista, pero en especial el dirigente comprometido con la causa de la unidad de la izquierda y del pueblo, como única salida viable a la tragedia nacional y a una apertura democrática para una paz justa, frustrada para todas las generaciones colombianas hasta el momento.
Jaime Caicedo es el candidato en la principal ciudad del país donde la izquierda ha emprendido un camino de democratización social y política que aspiramos a irradiar en toda la Nación. Es Bogotá el corazón de un amarrillo esperanza representado en la unidad del PDA y es aquí donde uno de sus mejores hombres puede cumplir un papel destacado, no solamente como vocero y gestor colectivo de un modelo democrático de ciudad desde el cabildo distrital, sino como un batallador de ideas en un proceso político que necesita ampliarse, crecer y mantener una conducta de lealtad con los intereses populares. La acción y la voz de Jaime es prenda de garantía en este propósito.

Algunos aspectos del poder político y la economía de guerra



Algunos aspectos del poder político y la economía de guerraParamilitarismo, autodefensa y Estado
Gloria Inés Ramírez
Política Exterior
Hablar de paramilitarismo - en concreto o en abstracto - en una coyuntura tan complicada como en la que hoy nos encontramos en Colombia suele ser una cuestión espinosa. El tema, sin lugar a dudas, se ha tornado de una singular importancia para la vida nacional hasta el punto de convertirse en una discusión obligada y casi inevitable para quienes constantemente estamos expuestos a las arenas públicas. Por ahora, es - y seguirá siendo - motivo de agudas controversias.
No obstante, llama poderosamente la atención que día a día, si bien el asunto conserva un aire todavía polémico, la mayoría de interpretaciones que juegan en los principales medios de comunicación así como en buena parte de la opinión pública parecen querer agotarlo, presentándolo como un fenómeno espontáneo, de una simpleza ya de por sí recalcitrante que de entrada rechaza la complejidad que implica su existencia y los actores que lo han promocionado. Se ha pretendido tener de antemano identificadas sus “verdaderas” causas y cada uno de los efectos que puede y podrá generar. Esto, creemos, más que haber ayudado en el reconocimiento y el significado del fenómeno paramilitar en nuestro país lo ha terminado caricaturizando y, por lo tanto de paso, desconociendo y obstaculizando una reflexión colectiva más elevada o por lo menos más ajustada a la realidad de sus vergonzosas y reprochables consecuencias.
El significado histórico que convoca el paramilitarismo y lo que puede llegar a representar política, social, económica, inclusive, culturalmente son solamente algunos de las interrogantes que animan un examen como el presente.
Un primer paso para conseguir este objetivo tiene que empezar con deshacer el ambiente de prejuicios prevaleciente que ha identificado al paramilitarismo como un accidente histórico, casi natural, de carácter exclusivamente “militar” y auspiciado “por fuera del Estado”. Bajo esta óptica se han podido desarticular poderosos contenidos que, a pesar de todo, todavía siguen sin explorarse. Peor aún. No estamos muy lejos en el tiempo cuando la tesis de vincular al paramilitarismo con un contenido político explícito parecía imposible. Sólo pudo permitirse una nueva versión de las cosas cuando las evidencias más contundentes despertaron del letargo a la opinión tradicional y convocaron las sospechas que hoy permiten reconocer la magnitud del fenómeno y actuar de conformidad.
Lo que no debe admitir ningún tipo de vacilaciones es que el paramilitarismo es un proyecto político sistemáticamente planificado en el cual, el Estado y, desde luego, la clase dirigente colombiana han sido causantes y co-partícipes en la medida que han sido los responsables de su orientación. Esta discusión intenta ofrecer pistas y claves que contribuyan en una comprensión renovada sobre este fenómeno.
1. Preliminares del paramilitarismo en Colombia
Empezaremos con dos preguntas básicas: ¿de qué paramilitarismo hablamos?, ¿a cuál paramilitarismo nos referimos?
Seguramente el ambiente de provincialismo en el cual se han desatado las discusiones puede haber dejado la sensación de que el paramilitarismo es una cuestión exclusivamente colombiana. Sin embargo, esta tesis además de inexacta poco nos ayuda a percibir las dimensiones potenciales que encara el fenómeno.
La misma historia muestra que diferentes situaciones sociales, que podríamos calificar de entrada como paramilitares, han existido desde hace tiempo. Porque más allá de las particularidades bastante llamativas y que por cierto adquiere esta cuestión localmente, el paramilitarismo resulta ser una condición sine qua non, casi estructural, del sistema capitalista[1].
Dado que muy pocas veces se pone esta relación de presente se exime de inmediato la especificidad funcional que representa “lo paramilitar” en el marco del desarrollo del capitalismo contemporáneo y, por supuesto, su papel en la evolución de las particularidades del sistema criollo. No hay que olvidar que histórica y actualmente el capitalismo colombiano resulta ser una síntesis socio-económica bastante compleja que versa entre una tendencia tradicionalista y premoderna en torno a la concentración de la tierra por un lado y, por la otra, una tendencia modernizante en la acumulación del capital:
(…) el tránsito hacia un nuevo régimen de acumulación se ha acompañado de una tendencia autoritaria del régimen político, de una creciente militarización de la política y de una influencia en ascenso – particularmente desde mediados de la década de 1980 – de las organizaciones paramilitares; por otra parte, pese a los “ciclos de negociación-confrontación” con la insurgencia armada, se ha asistido a una intensificación del conflicto social y armado, de cerca de cinco décadas de duración[2].
Las manifestaciones más claras de este tipo de tendencias emergen hacia finales del siglo XX y a comienzos del nuevo milenio consolidando una trayectoria propia de la problemática paramilitar que la relaciona no solamente con una dimensión estrictamente militar sino que, antes por el contrario, queda sujeta a distintas aristas de la dinámica social, económica y política:
Históricamente, la clase dirigente de Colombia ha considerado que el crecimiento económico es el único factor para la solución de los problemas de exclusión, pobreza e injusticia social. De acuerdo con este seudoargumento, el crecimiento genera empleo y por tanto ingreso para las familias; causalidad reeditada por la administración Uribe. Establece, además, que el crecimiento económico se logra a partir de la seguridad, el ajuste fiscal y la inversión privada, principalmente extranjera. Represión y disciplina del mercado son los mecanismos de regulación preferidos para el control social y la promoción del desarrollo[3].
Teniendo en cuenta lo anterior podemos plantear tres claves cruciales que se muestran características del paramilitarismo:
a) Prácticamente “todos los países del mundo capitalista” han utilizado organizaciones o métodos paramilitares para realizar operaciones encubiertas con el fin de minimizar los costos de la gestión social (por ejemplo, la resistencia social) y “eludir” las presiones que se derivan de las contradicciones del sistema. En el caso colombiano, vale la pena reconocer la exigencia de hacerle frente a las modalidades de guerra de “baja intensidad” ó “guerra sucia” que planteaba la “Guerra de Guerrillas”. Esta situación ha sido reforzada por el fracaso de las salidas negociadas al conflicto[4].
b) El paramilitarismo se sustenta en la indistinción de las fronteras civil y militar: Asume el uso de “civiles” en el accionar militar y de militares como civiles. Pretende “encubrir, esconder, ocultar y eludir responsabilidades, fingir identidades, disfrazar acciones, falsificar realidades, interrumpir investigaciones, imposibilitar esclarecimientos, confundir y engañar, obstruir la búsqueda de la verdad, obstaculizar la justicia en un Estado”[5]. Por supuesto, una radiografía como ésta más que ajustada a los estilos de gobierno del capitalismo económico y político colombianos[6].
c) Con el objetivo de encubrir esta realidad del Estado capitalista contemporáneo, en Colombia, también como parte de una guerra ideológica - “guerra psicológica” en el léxico militar -, el fenómeno se ha posicionado bajo el argumento de “autodefensa” (que es, en todo caso, una modalidad para-militar). Durante más de 20 años, el paramilitarismo de autodefensa ha estado bajo el auspicio de sectores de la Fuerza Pública pero especialmente ha contado con el favorecimiento, ya sea por acción u omisión, de instancias del poder público que le han garantizado “impunidad y libertad de acción”[7]. De allí, que su poderío (es decir, el poder político, el poder económico y el poder social) del paramilitarismo antes que ir en declive parece sugerir que va en aumento[8].
A esto habría que reencontrarse con las modalidades históricas del paramilitarismo de autodefensa en la historia colombiana. Muchas han sido sus expresiones a lo largo y ancho del devenir nacional. Sin embargo, la naturaleza del paramilitarismo que hoy soportamos radica en las especificidades que ha mostrado en una coyuntura especial que puede traerse de más o menos 30 años hasta el presente.
Precisamente, la primera revelación del paramilitarismo actual lo constituye la llegada al país de la famosa Misión Yarbourough del Ejército de los Estados Unidos, entrada la década de los sesenta y justo en el momento de promoción de la Doctrina de Seguridad Nacional de John F. Kennedy. Este hecho fue inaugural en la adopción por parte del Estado colombiano de una estrategia que no sólo era contrainsurgente sino expresamente paramilitar.
Las conclusiones de la Misión y sus principales directrices fueron sistemáticamente incorporadas en el entrenamiento militar colombiano desde esa época.
Sin embargo, lo característico de estos manuales de contrainsurgencia, seguidos con mucho recelo y “al pie de la letra” desde la citada Misión está en consagrar paradigmáticamente dos objetivos fundamentales que harían parte de la evolución del fenómeno en la extensión en que se presenta en la actual coyuntura colombiana: primero, vincular a la sociedad civil en la guerra; y, segundo, asegurar que la sociedad civil es “el principal blanco de la guerra contrainsurgente”. Se debía entrar en una guerra contra “los movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo”[9]. Según estos criterios no había otra opción para la sociedad civil que involucrarse con el conflicto armado. De hecho, un Manual del Ejército colombiano de 1.979 rezaba: “la neutralidad es sospechosa o negativa”[10].
Estas reminiscencias aunque ya han sido sugeridas desde hace algún tiempo son precisamente uno de los materiales más reiterados y rigurosamente desarrollados en las recientes declaraciones de Salvatore Mancuso, líder paramilitar de los grupos de autodefensa. El 15 de mayo de 2.007 ante el fiscal de Justicia y Paz en la ciudad de Medellín se expuso:
La Contrainsurgencia, según las fuerzas militares norteamericanas, son “aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva”. (Definición del Dictionary of United States Military Terms for Joint Usage, citado en KLARE, Michael, en La guerra sin fin, Ed.Noguer, Barcelona, 1974). Esta definición será retomada en los distintos manuales de contrainsurgencia del Ejército colombiano…[11].
Y después, detallando en qué consistía esta particular apuesta, complementaba con contundencia:
Se trata de invertir el principio de la lucha de la guerrilla… El objetivo es entonces, mejorar la imagen de las fuerzas militares, controlar grupos de población, y construir un apoyo popular al esfuerzo bélico desplegado para alcanzar los objetivos de seguridad y defensa (…) Uno de los elementos fundamentales es el control de la población. Este comporta dos aspectos: por un lado desarticular la infraestructura real o potencial de apoyo a la insurgencia y por otro, encuadrar la población para involucrarla en el esfuerzo bélico de las fuerzas militares. Así aparece la noción de autodefensas… En este contexto, en Colombia se crearon las juntas de autodefensas[12].
Los efectos que tendrían estas posiciones frente a la acción política - partidaria o de cualquier tipo – también fueron desastrosos. Cualquier actividad que fuera “sospechosa” de tomar alguna posición que no estuviera enmarcada en la defensa del statu quo era sindicada de “apoyar a la insurgencia”. Las consecuencias que se siguieron sobre el panorama político y electoral colombiano fueron inmediatas. La mayoría de ellos con hondas e irrecuperables consecuencias para la democracia colombiana.
Este criterio también fue acogido para enjuiciar cualquier forma de organización de la sociedad civil. De manera franca, afectaba directamente a los movimientos sociales y populares, las organizaciones sindicales y los partidos políticos no tradicionales quienes sufrieron de la más completa desprotección estatal en los casos más optimistas porque en realidad fueron constantes los atentados contra la integridad de miembros de organizaciones sociales y las graves violaciones a los derechos ciudadanos con la anuencia estatal y, en la mayoría de los casos, acciones planificadas desde el propio Estado colombiano. La criminalización de las formas de protesta social e incluso el señalamiento hacia los organismos humanitarios y de defensa de los derechos humanos terminó siendo la regla. Los genocidios se multiplicaron y hasta el momento continúan como una deuda histórica de una clase política y los organismos del Estado vinculados al proyecto político paramilitar[13].
Estos breves apuntes vienen a colación en la medida en que amplían la comprensión de un proceso histórico que tenía plena legitimidad en los círculos militares, pero también resultan valiosos a la hora de rastrear las razones que sustentan la actitud actual frente al paramilitarismo por parte del Estado, las instituciones, el Gobierno y sectores influyentes de la sociedad colombiana.
No es una casualidad que los señalamientos en contra de la oposición democrática, sea ésta política o de cualquier tipo, por parte del Gobierno y de diferentes personalidades públicas e institucionales desde que se iniciara la polémica de los posibles vínculos entre el paramilitarismo y la clase política colombiana hayan mostrado las mismas conclusiones de las tesis básicas de la doctrina contrainsurgente que hemos analizado. Desde la instalación de esta doctrina ha construido un imaginario específico para calificar a las formas de oposición política. Lo novedoso es que al parecer este tipo de comportamientos siguen siendo acogidos ahora por círculos del poder gubernamental. Para la doctrina contrainsurgente:
Se habla de brazos desarmados de la subversión, de guerra jurídica, de las fachadas de la subversión, de la base política de la insurgencia etc., llegando incluso a identificar como “triunfo de la insurgencia” el hecho de que un partido político no tradicional obtenga una alcaldía por mayoría de votos en unas elecciones. Todo esto ha llevado a estigmatizar y penalizar el ejercicio de cada vez más derechos ciudadanos, incluso la misma denuncia de los horrores perpetrados por los militares y paramilitares[14].
Hoy por hoy las sindicaciones en contra de miembros de la oposición no cesan. Pero insistimos que ellas lejos de provenir de las filas castrenses, llegan de los círculos del poder político y hasta del mismo Presidente de la República quien no pierde la oportunidad para reiterar en sus discursos que la oposición política son “terroristas vestidos de civil”[15]. A esto debe sumarse toda una gran lista de hechos lamentables entre los que se cuentan asesinatos, desapariciones, amenazas y constreñimientos (tales como interceptaciones telefónicas, seguimientos extralegales) como balance del disenso que conforman los partidos políticos de oposición, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, etc., como lo planteaban los lineamientos “contra-insurgentes”[16]. Entre el pasado y el presente parece no mediar ni espacio ni tiempo si se contrasta la historia y los acontecimientos más recientes del fenómeno paramilitar, máxime cuando se observa sin ninguna perspicacia que ahora más que nunca este tipo de actitudes parecen extenderse en el ámbito institucional[17].
Todos estos indicios – y, desde luego, muchos otros que serían imposibles de abordar en este momento - brillan por su tono antidemocrático. Ante todo, han generado un régimen bastante articulado alrededor de lo que se conoce como el para-Estado – diferente a un simple Estado paramilitar que enfatizaría demasiado en su dimensión militar eclipsando las otras dimensiones -, como lo propone el profesor Jairo Estrada:
En el caso colombiano, la articulación de las formas legales con las formas ilegales de la acumulación capitalista se remonta a la segunda mitad de la década del setenta y se inscribe dentro de la transición del régimen de acumulación basado en la industrialización dirigida por el Estado hacia el régimen actual de financiarización del capital. Sin temor a la exageración, se podría aseverar que esa transición no hubiera sido exitosa sin el surgimiento de un nuevo empresariado vinculado a los circuitos transnacionales de la acumulación: el empresariado de la cocaína… Las estructuras mafiosas habían permeado igualmente las instituciones del Estado (todos los poderes públicos), incluidas las fuerza armadas, los partidos políticos tradicionales y los políticos profesionales, y sectores de la iglesia. Se consolidaba así la estructura mafiosa de la formación socioeconómica[18].
2. Paramilitarismo de autodefensa: expresiones de la experiencia colombiana
Ahora bien, ¿por qué todas estas circunstancias, como proponíamos, ya presentes desde hace bastante tiempo en la realidad colombiana emergen en esta coyuntura?, ¿a qué podemos atribuir el proceso más reciente del paramilitarismo en Colombia?
Desde mediados de los ochenta, el conflicto armado consolida una serie de elementos que impulsan los rasgos específicos del posterior desarrollo del paramilitarismo. Entre los más importantes, una alianza entre las mafias nacionales vinculadas al narcotráfico (las cuales habían consolidado un poder importante a partir de la explosión del consumo de drogas en los Estados Unidos), la oligarquía colombiana, sectores del Ejército y organismos como la CIA y la DEA[19].
El desarrollo de esta alianza coincide precisamente con el genocidio de sectores políticos de oposición (partidos de izquierda democrática en avance, sindicalistas, campesinos, líderes populares, intelectuales), una incesante concentración de la propiedad rural (en la cual son evidentes las consecuencias del lavado de dólares y la protección que brindaron grupos para-institucionales) y en general desplazamientos forzados, exclusión social y pobreza generalizada. Se trata de un período de acumulación salvaje de la riqueza en el cual ha estado omnipresente el paramilitarismo[20].
En estas condiciones, termina estructurándose desde una buena parte de estos actores en confluencia de sectores considerados “legales” de la sociedad civil (empresarios, ganaderos, latifundistas) un proyecto político consciente y ajustado al contexto internacional y nacional. En su máxima expresión este proyecto paramilitar sistematiza esta serie de intereses, los cuales debían organizarse de tal forma que sus acciones concretas, tácticas, estratégicas, pudieran tener efectos inmediatos pero también en el mediano y de largo plazo. En últimas: hacer sostenible y sustentable la apuesta política, económica y social del paramilitarismo a lo largo del tiempo.
Seguramente, las declaraciones de Carlos Castaño – el vocero militar más representativo del Paramilitarismo en Colombia durante los noventa – son dicientes en anticipar la configuración de un auténtico modelo para orquestar el proyecto político, económico y social paramilitar[21].
Si se observan las tres fases del “modelo paramilitar” en Colombia que sugirió Carlos Castaño se puede ver que cada una de sus fases se han cumplido cabalmente no sólo por parte de la expresión “militar” del paramilitarismo sino que el plan ha avanzado en la “captura” de los poderes públicos y del Estado en general. Hasta el día de hoy se revela una realización integral que puede resumirse de esta manera:
- Primera fase: “liberar” mediante la guerra, amplias zonas de la subversión y de sus bases populares, imponiendo el proceso de concentración de la tierra, la modernización vial, de servicios e infraestructura, el desarrollo del capitalismo ganadero y una nueva estructura jerárquica autoritaria en la organización social y política en las regiones.
- Segunda fase: “llevar riqueza a la región” mediante la entrega subsidiada de tierras, la generación de empleo, la concentración de la población en centros poblados, la construcción de centros de salud y escuelas, energía eléctrica gratuita, construcción de represas para el suministro de agua, adecuación de tierras, la asistencia técnica y el préstamo de dinero para la producción. Estas acciones se deberían realizar con el conocimiento y la legalización de instituciones del Gobierno[22]. Los “nuevos pobladores” no son aquellos desplazados por la violencia (excluidos de bajos recursos) sino una nueva población (pobres marginados de “otras regiones”) que sirvan como soporte a los “patrones” ya asentados que son los encargados de organizar y conformar “grupos de base”, esto es: grupos de autodefensa paramilitar que irían más allá del componente militar. Es una fase que pretendería forjar una legitimidad social y política del proyecto.
- Tercera fase: Una vez consolidado el modelo de seguridad en las “regiones liberadas”, sin subversivos y sin sus bases comunitarias de apoyo, los paramilitares dejan de ser formalmente una “rueda suelta para el Estado”. Se trata de la actual fase de legitimación y consolidación, es decir, de la realización del modelo político, económico y social que ha identificado a los grupos de autodefensa paramilitar con el proyecto de para-Estado con estructuras reales y necesarias para la expansión sostenida y victoriosa del capitalismo transnacional y el Estado “modernizante” bajo el auspicio asociativo del sector privado y algunos organismos no gubernamentales. En suma, es la fase de institucionalización del proyecto.
Aquí debe relacionarse significativamente el tipo de intereses que se han configurado en concierto con el impulso gubernamental en la “solución del conflicto” y, al mismo tiempo, una serie de señales institucionales que han derivado en la legalización funcional de un paramilitarismo una vez se avanzaba en los objetivos trazados. La colonización de los poderes públicos ha entronizado un sujeto social paramilitar que cuenta con una incidencia importante en la mayoría de espacios de la vida nacional[23].
Igualmente, las denuncias que se han hecho frente a las principales reformas políticas y económicas que hacen parte de la agendas gubernamentales, sobre todo desde el inicio del milenio resultan – aquí sí – concluyentemente “sospechosas” frente al ambiente que se percibe frente a la expansión del fenómeno no como una personalización de los vínculos sino, por el contrario, como la personificación de categorías económicas como representantes de determinados intereses y relaciones de clase[24].
Con ello se ha contribuido notablemente, de una parte, a fortalecer la “estrategia transnacional de resignificación de la tierra como fuente de valorización capitalista (biodiversidad, recursos hídricos), de promoción de megaproyectos infraestructurales y energéticos” así como de un nuevo tipo de agricultura de plantación[25]. Piénsese en los efectos que traerá la ratificación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y las acciones de la supuesta “guerra antidrogas” prevista en los Planes Colombia[26].
De otra parte, la estrategia ha favorecido “la flexibilización y desregulación violenta del mundo del trabajo, del exterminio de dirigentes políticos y sindicales, del desplazamiento forzado de cerca de tres millones de colombianos, que engrosan las filas de la informalidad y contribuyen a la depresión de los salarios urbanos”, como lo demuestran las realidades presentes en el régimen político colombiano y en toda su sociedad[27].
3. Epílogo
Los hechos noticiosos que han inundado los medios de comunicación nacionales e internacionales en los últimos diez (10) meses acerca de la desafortunada pero a la vez calculada filtración del paramilitarismo en diversas esferas de la sociedad colombiana, no son sino los síntomas de todo el imbricado proceso social que en las líneas precedentes se ha tratado de abordar, y constituyen igualmente la comprobación empírica de la apuesta explicativa de este documento: desde la información contenida en el computador de Alias Don Antonio, hasta las declaraciones del Ex Director de Informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Rafael Garcia; desde las denuncias sobre influencia “para” en los gobiernos locales de la Costa Atlántica hasta las informaciones de acuerdos secretos en el Casanare; desde los millonarios pactos entre las autodefensas y multinacionales, hasta la participación de las AUC en la contratación pública para el sistema de salud en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar; desde la connivencia de una parte de la sociedad colombiana, hasta las crecientes informaciones sobre la relación entre los lideres paramilitares con reconocidos dirigentes políticos de todo el País, directamente vinculados con el proyecto político del Presidente Álvaro Uribe.
Todos estos hechos deben constituir un llamado urgente a reflexionar acerca de las causas del fenómeno paramilitar en Colombia, más allá de los reiterados intentos del Gobierno Nacional por “ponernos a mirar hacía otro lado” con sucesivos y artificiosos hechos políticos, y muy a pesar del superficial despliegue mediático que se complace con el espectáculo de las detenciones.
Para terminar hay que evaluar el proceso de negociación que se adelanta actualmente con grupos paramilitares. Éste continúa en una ambigüedad insostenible: todavía no se logran “des-estructurar” las organizaciones militares en su totalidad, la falta de vigilancia y control ha sido permisivo con la reincidencia de esos grupos y, en últimas, persisten el poder paramilitar en amplías zonas del territorio nacional. Oficialmente se ha olvidado que lo más importante y sustancial, si es que se desea realmente revertir este espurio proceso de paz, es que se diga la toda verdad sobre el paramilitarismo (sus actores militares, materiales e intelectuales, políticos y sociales) y que así, con base en ella, se proceda a reparar a las víctimas. Ni lo uno ni lo otro parece ser lo fundamental en este proceso que lidera el ejecutivo.
El gobierno ha hablado de impunidad, justicia “a medias”, de “perdón y olvido” y hasta de amnistía e indulto, dejando de lado la verdad y la reparación. Incluso, varios líderes paramilitares han amenazado sobre los efectos de “contar” la verdad: dado que, según ellos, sería una opción que el país no resistiría y que llevaría a la nación a las más completa y “desestabilizante” desinstitucionalización. Precisamente, de allí nació una asombrosa propuesta de contar lo que se ha denominado “la verdad política” del paramilitarismo a la Iglesia Católica bajo la reserva del secreto de confesión.
Uno de los signos más reveladores de estos hechos ha sido la vinculación de cada vez más parlamentarios con el paramilitarismo y la denuncia – a partir de muchas declaraciones de los propios jefes paramilitares que, de hecho, en el pasado muchos sectores de la oposición lo habían hecho sin que mediara ninguna acción institucional – de haber recibido ayudas económicas de empresarios, entre los que se encuentran los grupos económicos más grandes y representativos del país: Postobón, Bavaria, etc., así como de los señalamientos de participación de industrias transnacionales como Chiquita Brand, Drummont y Coca-Cola. Incluso, el vicepresidente de la República y el Ministro de Defensa de la Nación han sido mencionados en reuniones clandestinas con paramilitares antes de asumir como tales. A pesar de todo, el clima continúa enrarecido para revelar las realidades del fenómeno en Colombia.
Pero, antes que profundizar en la “verdad verdadera” sobre el paramilitarismo, las más altas dignidades del país han intentado “bloquear” sistemáticamente las investigaciones. En repetidas oportunidades, las “cortinas de humano” han aparecido para evitar que la verdad salga a flote. Una de las predilectas ha sido el urgente Intercambio Humanitario que ha reclamado la Nación. Los últimos anuncios del Presidente de la República de liberar unilateralmente a 300 presos que integran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no parecen contribuir al clima de transparencia y credibilidad que le ha venido imprimiendo la Corte Suprema de Justicia colombiana a los procesos que adelanta contra parlamentarios involucrados con el paramilitarismo sino buscar otra excusa para que se desvíe la atención sobre las relaciones que existieron y que hoy por hoy siguen existiendo entre el paramilitarismo y personalidades del Estado y la institución.
Toda la parafernalia de hechos muestra que la convicción ha sido más por la impunidad que por la paz pues a la larga simplemente se logrará que los responsables no puedan ser castigados por crímenes no sólo en contra de la nación colombiana sino que atentaron contra la humanidad. Por esta razón hay que preguntarse: ¿Y la verdad para qué? No debe ser una que nos entierre en la legitimación del horror paramilitar y su concierto para la delincuencia sino la que exige una sociedad tan golpeada como la nuestra y nos saque del actual marasmo en un gran “concierto para convivencia”[28].
- Gloria Inés Ramírez es senadora colombiana por el PDA y dirigente del Partido Comunista Colombiano.
[1] Libardo Sarmiento Anzola, “Un modelo piloto de modernización autoritaria en América Latina”, citado por O’Loingsigh, Gearóid “La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio colombiano”, texto publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), Bogotá, 2.002.
[2] Estrada Álvarez, Jairo, “Élites intelectuales y producción de política económica en América Latina” en Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2.005, p. 266.
[3] Sarmiento Anzola, Libardo, “Malestar social y política pública” en AA.VV., Reelección: el embrujo continua. Segundo año de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Bogotá, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2.004, pp. 80-81.
[4] Recuérdese las fallidas políticas de Diálogo Nacional propuestas en la década de los ochentas. Cfr. Novoa Torres, Edgar, “Reestructuración, campos jurídicos y Corte Constitucional, en Estrada, Álvarez, Jairo, Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2.005, p. 349.
[5] “Dialogar consigo mismo, Negociar consigo mismo”, Boletín informativo de Justicia y Paz, vol. 8, No. 4, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia, Bogotá, octubre a diciembre de 1995, p. 10.
[6] O’Loingsigh, Gearóid, “La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio colombiano”, texto publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), Bogotá, 2.002, pp. 7 y ss.
[7] “La población civil organizada y/o inconforme en la doctrina contrainsurgente de los militares colombianos” en Centro de Investigación y Educación Popular, Op. Cit.
[8] Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, entre 1.988 y 2.003, el consolidado general oficial de las víctimas paramilitares estaba en 14.476, sin contar las victimización (aproximadamente 2.121). No obstante, a la luz de las recientes declaraciones de los jefes paramilitares mediante las cuales se han podido establecer nuevas pistas, esta cifra resultaría ser una mínima parte del total real de víctimas que rebasa las aproximaciones anteriores. Centro de Investigación y Educación Popular, Deuda con la Humanidad: paramilitarismo de Estado en América Latina 1.988-2.003, Bogotá, CINEP, 2.004.
[9] “La doctrina contrainsurgente en América Latina” en Centro de Investigación y Educación Popular, Op. Cit., p. 1.
[10] “Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas”, impreso por Ayudantía General del Comando del Ejército (1.979).
[11] “Apartes de la versión libre de Salvatore Mancuso del 15 de mayo. Paramilitarismo de Estado”. Disponible en: http://www.semana.com/.
[12] Ibidem.
[13] Sin duda, el más trágico, el que sufrió la Unión Patriótica, movimiento político de la izquierda democrática colombiana que no sólo trajo consigo el asesinato de sus líderes sino también la persecución a sus simpatizantes y la destrucción de su entorno social, con el concurso de sectores de la Fuerza Pública y del Estado. El saldo es aterrador: 5.000 miembros de la U.P. asesinados desde 1985, incluyendo 2 candidatos presidenciales, de senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes y miembros de base, obreros, campesinos, maestros, sacerdotes, religiosos y religiosas.
[14] “La población civil organizada y/o inconforme en la doctrina contrainsurgente de los militares colombianos” en Centro de Investigación y Educación Popular, Op. Cit.
[15] “Presidente Uribe califica de ‘terroristas’ a miembros de la oposición colombiana”. Disponible en http://www.peaceobservatory.org/.
[16] La criminalización del movimiento sindical por parte del Gobierno que atenta contra el derecho a la asociación sindical ha exacerbado los peligros que representa afiliarse a un sindicato en América Latina. Se ha fortalecido, por lo tanto, la tesis según la cual “el activismo laboral es castigado con la muerte”. Solamente en el año 2.005, las amenazas contra trabajadores sindicalizados fueron más de 260 y en ese año fueron asesinados 70 personas.
[17] Actualmente se resuelve una moción de censura al Ministro de la Defensa y la Seguridad Nacional, Juan Manuel Santos por interceptaciones ilegales a miembros del Estado y de la oposición y de 8.000 horas de grabación que se hicieron por parte de los organismos de inteligencia del Estado.
[18] Estrada Álvarez, Jairo, “Capitalismo criminal y organización mafiosa de la sociedad” en Revista Cepa, No. 3, Bogotá, abril de 2007, pp. 34-39.
[19] Arenas, Héctor, “Foro Social Mundial. Capítulo Colombia entre guerras”, Nova et vetera, Boletín del Instituto de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública – Grupo Derechos Humanos, No. 50, 2.003, p. 109 y ss.
[20] Idem.
[21] Libardo Sarmiento Anzola, “Un modelo piloto de modernización autoritaria en América Latina”, citado por O’Loingsigh, Gearóid, Op. Cit, pp. 7 y ss.
[22] Recientemente, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron $1.800 millones para la construcción del sistema de electrificación del municipio de Puerto Gaitán (Meta), con lo que según un exjefe paramilitar, buscaban "beneficiar a la comunidad” mediante la empresa “Perlas del Manacacías” y que fue creada por un acuerdo municipal y que cuenta con el aval de la Superintendencia de Servicios Públicos (El Tiempo, 28 de febrero de 2007).
[23] “La desinformación ha impedido que el país se diera cuenta que al mismo tiempo que Vicente Castaño y Carlos Alonso Lucio en las revistas semana y cambio, destacaban los intereses empresariales de los paramilitares en el cacao y en la agroindustria de la palma aceitera y caucho, se tramitara y aprobara en el Congreso de la República, la Ley 939 de 2004 que exonera de impuesto a la renta esos cultivos, tal como lo dice en su artículo primero “Considerase exenta la renta líquida generada por el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en cacao, caucho, palma de aceite, cítricos, y frutales”. El Editor. “De Ley Forestal y otras hierbas”. Caja de Herramientas. Corporación Viva La Ciudadanía. Bogotá, Año 14. Nº 111. Diciembre de 2005, disponible en: http://www.vivalaciudadanía.org/.
[24] Estrada Álvarez, Jairo, Op. Cit., 2.007.
[25] Además de las polémicas legislaciones en torno al proceso de desmovilización paramilitar auspiciadas por el Gobierno y su coalición, entre otras, resulta diciente el significado de la Reforma al Estatuto de Desarrollo Rural. El proyecto adapta la realidad del poder para-militar al articular una ley rural a la lucha contra-insurgente. La iniciativa gubernamental re-configura la apropiación de la propiedad para los nuevos mercenarios ricos, estructuras paramilitares y sus beneficiarios mientras flexibiliza y erosiona los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes negándoles el acceso a la propiedad de la tierra e impidiendo su participación en el acceso a la tierra en la lógica del mercado global. Tampoco prevé ningún tipo de garantía para que las comunidades en las regiones puedan acceder a la propiedad de la tierra al mantener las nuevas dinámicas de control militar de tipo paramilitar. Muchos de los proyectos como los denominados “agronegocios” (específicamente negocios agroindustriales como la Palma o la Ganadería Intensiva) simplemente harían permisivo vía legal el lavado de activos, tal como sucede, en el Norte de Colombia. Cfr. Proyecto de Ley 30 de 2.006 (Senado de la República). Por supuesto, tampoco se puede dejar de lado las controversias generadas por la Ley 975 de 2005, denominada Ley de “Justicia y Paz”.
[26] Acciones institucionales tan funestas como las fumigaciones, los cultivos de Palma Africana, las reforestaciones iniciadas en diferentes zonas del territorio y los programas de economía solidaria financiados por agentes internacionales (USAID, BID, el Banco Mundial) han contribuido a consolidar una lógica de “tercera generación” del proceso paramilitar.
[27] Estrada Álvarez, Jairo, Op. Cit., 2.007.
[28] Llano, Hernando, “La verdad para qué”, Semanario Virtual de Viva la Ciudadanía. Disponible en: http://www.viva.org.co/.