A continuación remitimos la Constancia presentada el pasado martes 4 de marzo en la Sesión Plenaria del Senado de la República, por la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos del Polo Democrático Alternativo, referente a la crisis que se ha generado entre Ecuador y Venezuela.
Bogotá, marzo 4 de 2008
CONSTANCIA
Tras la veloz sucesión de hechos ocurridos en los últimos días, es necesario, más que nunca, insistir en una salida política antes que en una confrontación armada, especialmente porque ésta ya está amenazando con convertirse en un conflicto internacional. La esquizofrénica respuesta a la que nos invita el Gobierno Nacional no puede encontrarse por encima de la racionalidad política, la diplomacia y el uso de los mecanismos democráticos para resolver la crisis.
Es cierto que el Gobierno Nacional tiene el derecho de perseguir a los grupos armados al margen de la ley, deber constitucional al que, dicho sea de paso, también debería darle aplicación en el caso de los paramilitares. Sin embargo, en el ejercicio de ese derecho y deber constitucional, el Gobierno Nacional no puede desconocer el principio de soberanía nacional trasgrediendo las fronteras de los países vecinos con la increíble excusa de una aparente confrontación que de acuerdo a las mismas declaraciones iniciales del Gobierno jamás ocurrieron. El principio de soberanía nacional y de la inviolabilidad del territorio no se puede poner en discusión bajo ningún pretexto, mucho menos, cuando el que ha sido invocado se erige de manera confusa y equívoca.
No es posible creerle al Gobierno Nacional cuando sostiene que el operativo que terminó con la muerte de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano fue el producto de un enfrentamiento previo. Es necesario destacar que el operativo fue cuidadosamente diseñado, calculado y planeado, tal y como el mismo Gobierno Nacional se lo contó al mundo la mañana del sábado, lo que necesariamente indica que el Gobierno en todo momento era perfectamente consciente de la intrusión en territorio ecuatoriano y lo que el mismo implicaba. Es decir, la fuerza pública de Colombia entró deliberada y arbitrariamente en territorio ecuatoriano sin pedir permiso al Gobierno de ese país. Un estado legítimo no puede escudarse bajo el argumento de que los grupos armados ilegales han hecho cosas peores, pues al Estado le corresponde un deber ético, moral y jurídico de regirse por las normas internacionales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Es necesario guardar la mesura, pues el Gobierno Colombiano está acudiendo al típico discurso guerrerista, exaltando los ánimos nacionalistas con el fin de legitimar la vulneración de la soberanía ecuatoriana, comprometiendo al pueblo colombiano, a obreros, campesinos y soldados rasos en un posible conflicto bélico en el que el pueblo colombiano no quiere entrar.
El Gobierno Nacional no ha calculado los riesgos económicos que su actuación implica. Colombia, tan sólo en textiles, deja de vender 700 millones de dólares al año si rompe relaciones comerciales con Ecuador y Venezuela. La semana anterior ya se anunciaron 275 despidos en la industria automotriz como consecuencia de la ruptura comercial con Venezuela, los que seguramente aumentarán por el conflicto con Ecuador. Colombia no puede sumergirse en el aislamiento absoluto. Si el Gobierno Nacional pretende romper relaciones comerciales con nuestros vecinos, debe ser consciente y honesto, advirtiéndole al país las consecuencias y los riesgos que semejante medida implica. No podemos permitir que el Gobierno siga engañando al país con el falso argumento de que no se pierde mucho si rompemos relaciones con Venezuela o Ecuador, ni tampoco podemos aceptar el mezquino e insolidario argumento según el cual ellos pierden más. La economía colombiana pierde y pierde mucho, y las crisis económicas de nuestros vecinos tarde o temprano nos terminarán afectando.
¿Denunciar ante la Corte Penal Internacional a Venezuela? Nuevamente debemos pedirle al Gobierno Nacional que no engañe al país. Según el artículo 17 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, para poder acudir a la jurisdicción de ese organismo, debe agotarse previamente el procedimiento interno, o demostrar que el procedimiento no será efectivo para garantizar la justiciabilidad de los derechos vulnerados.
No podemos aceptar el argumento de la supuesta unidad de cuerpo. No podemos obrar con la obtusa visión militarista de la “unidad de cuerpo” que sólo llaman a la ceguera colectiva y a la exaltación de falsos nacionalismos. Lo cierto es que el Gobierno Nacional ha cometido errores, y esos errores ponen en riesgo la seguridad del pueblo colombiano invocando histerias colectivas que pueden llevar a una guerra en la región.
Invitamos a fortalecer la lucha por el Acuerdo Humanitario, así como a participar en la marcha del 6 de marzo, como mecanismo legítimo de participación y protesta en contra de la violencia que azota al país.
Atentamente,
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República
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